Esta jutge ja sap massa, igual que l'altra. Fabra tooorna a menejar fils.

El Juzgado suspende las declaraciones de cuatro imputados

El cambio de juez retrasa la instrucción

Levante EMV

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, que investiga el «caso Fabra», ha suspendido las declaraciones de cuatro empresarios que estaban previstas para el día 29 de abril. Se trata de los cuatro administradores de las empresas mercantiles Grupo Serrano Ninerola S. L. y Construcciones Serrano S. A., accionistas de la mercantil Fertilizantes e Insecticidas S. A. (Ferinsa). La juez acordó oír en calidad de imputados a Pascual Serrano Llácer, Amparo Serrano Llácer, Agustín Falcó Miret y Rosa María Serrano Llacer. El Juzgado considera que al no haber recibido exhorto del Juzgado de Paz de Paiporta, que tenía por objeto la citación de nuevos imputados, se debe acordar el aplazamiento de sus declaraciones. Además, la providencia de la juez Reyes Gavara Arnau establece que la suspensión debe acordarse por un plazo máximo de 20 días a contar desde el pasado 18 de abril, fecha de la publicación en el BOE del nombramiento de la nueva juez. Reyes Gavara sustituyó a Fernanda Lorite al haber sido ésta ascendida de categoría, lo que según informaron fuentes judiciales iba a provocar con toda seguridad un nuevo retraso en la instrucción de la causa. La juez Lorite consideró necesario tomar declaración a los cuatro empresarios al salir a relucir sus nombres en la querella que Vicente Vilar, propietario de Naranjax, interpuso contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, a finales del año 2003. Según Vilar, Fabra urdió una compleja operación mercantil para arrebatarle las licencias comerciales de los productos insecticidas que fabricaba Naranjax y que distribuía Artemis 2000, la firma constituida al 50% por María Amparo Fernández, esposa del político castellonense, y Montserrat Vives, ex mujer de Vilar. La querella del empresario, que fue rechazada por el juzgado aunque abrió paso a una investigación de oficio, mantenía que el intento del líder del PP por conseguir los permisos se fraguó con la intervención de la empresa Ferinsa, del grupo inmobiliario Construcciones Serrano, que opera en Valencia y Castelló. Vilar considera que su ex esposa, Fabra y la mujer de éste se pusieron de acuerdo para quedarse con las licencias de distribución de Artemis 2000 y transferirlas a otro grupo empresarial. En su querella, el industrial de Artana mantiene que Fabra contactó con responsables de la sociedad Construcciones Serrano S. A. y les propuso hacerse con la distribución de los fitosanitarios de Artemis a través de una de las sociedades del grupo: Fertilizantes e Insecticidas S. A. (Ferinsa). El líder provincial del PP incluso habría llegado a proponer a Ferinsa la compra de la empresa que gestionaban su mujer y la ex esposa de Vilar, tal y como consta en la querella. Según Vilar, un intermediario que ha identificado como Joaquín Llidó Meseguer le visitó para convencerle de que debía tramitar el cambio de titularidad a favor de Ferinsa. «De lo contrario me hundirían a través del poder político de don Carlos Fabra y del económico de Construcciones Serrano», tal y como relató Vilar.